El gobernador de Cojedes teme que lo involucren en el caso Antonini.
JOSEPH POLISZUK
EL UNIVERSAL
El gobernador del estado Cojedes anda “indignado”. Seguro de que los empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán no son funcionarios encubiertos del Gobierno nacional, Johnny Yánez Rangel anuncia que acudirá a la Fiscalía General de la República para solicitar que investigue la relación que la Fiscalía de EEUU supone entre los indiciados y las instituciones venezolanas.Para Yánez, la justicia nacional no puede abrir una causa contra Guido Antonini Wilson mientras permanezca en EEUU. Ni siquiera por notitia críminis. Dice, sin embargo, que la Fiscalía General de la República está en capacidad de investigar la relación que acusa a los propietarios de la empresa Venoco con el Poder Ejecutivo y por eso anuncia que en los próximos días solicitará acciones en el Ministerio Público.
“Ya envié a la Fiscalía un documento exhortándole a que dieran un pronunciamiento”, afirma. “Ahora voy a presentarme allá para exigir que se investigue la situación de dos empresarios venezolanos que están detenidos en Estados Unidos”. Esa averiguación puede ser, según dice, “la mejor forma de tumbar los argumentos que presenten en Miami”.
Precedente peligroso
El mandatario de Cojedes también espera que los sectores empresariales se pronuncien. Cree que la investigación contra sus amigos personales, Kauffmann y Durán, es un “precedente peligroso”, porque de acuerdo con sus palabras, no son dueños de una bodega de Cojedes, sino los propietarios de la segunda petroquímica del país, que tiene relaciones con toda Suramérica.”¿Qué garantía tiene cualquier otro empresario de que no le pase lo mismo ante las apetencias de crear una olla periodística con un delito abstracto?”, pregunta. “Entiendo que ninguno haya alzado su voz a título personal, pero deberían fijar una posición grupal porque aquí se está generando una situación de inseguridad jurídica que he venido llamando el Guantánamo de Miami”.Carlos Kauffman, Franklin Durán y Moisés Maionica fueron detenidos en diciembre del año pasado en Miami. La fiscalía estadounidense les negó medidas de libertad condicional por el presunto delito de haber llevado mensajes del gobierno del presidente Hugo Chávez a Guido Antonini Wilson, el hombre que el pasado 4 de agosto cargaba la maleta con 800.000 después de aterrizar en Argentina.Yánez Rangel denuncia que están aislados en celdas de máxima seguridad “como maleantes de los más perseguidos”. Recuerda que ellos no estaban en Argentina cuando llegó el maletín. Para él, simplemente fueron a hablar con un amigo sobre su caso. Por eso insiste en que son inocentes. “Doy fe y estoy dispuesto a testificar donde quieran”, dice. “Yo meto las manos en el fuego en cuanto a que ellos no son funcionarios”.Teme ser otro acusadoEl gobernador no descarta que después de los dueños de Venoco acusen a otros, incluso a él. Cuando le preguntan si la justicia estadounidense puede involucrarlo en el caso Antonini, asiente con la cabeza: “Yo temo de todo, hasta de mi seguridad porque me indigna cuando veo que se violenta la seguridad jurídica de estos empresarios”.
A su juicio, si las autoridades del Norte tuvieran buena fe enviaran a Antonini a Argentina, donde guardan la maleta con los dólares. Aunque los seriales de los billetes determinarían de dónde salieron, asegura que el juego está trancado porque no se puede abrir un expediente sin el principal sospechoso.Reconoce, de cualquier forma, que tras la maleta de Antonini huele a corrupción. Sabe que si se logra determinar que el dinero salió de Venezuela, hay un ilícito cambiario. Más aun si eran billetes que estaban en las bóvedas del BCV. “Lo que no podemos es empastelar a todo el mundo y a un país”, concluye.
